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El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, reafirma la postura del Gobierno con respecto al nombramiento del Superintendente de la Policía Local y del Jefe de Bomberos. Va a ser por libre designación , “que no es lo mismo que hacerlo a dedo”.

Hachuel afirma que este procedimiento es el que se sigue en otras Comunidades Autónomas, porque “si no se está satisfecho con la función que realizan, si son nombrados por oposición, no se les puede echar”. Consideran que la elección por libre designación es la más adecuada al ser dos puestos “tan sensibles”.
Además añaden que para el puesto de Superintendente, el perfil es muy exigente, con un nivel A1 en la administración y licenciatura universitaria.
Anima a los sindicalistas de UGT que son libres de ir a los tribunales, o que se preparen una lista, se presenten a las elecciones y una vez gobiernen, marquen la línea de trabajo de Gobernación a su gusto. Ha recordado a los sindicalistas que precisamente ellos criticaron al anterior Superintendente, Ángel Gómez, que llegó al puesto por oposición: “las cosas no pueden ser blancas y negras a la vez”
“Cúmulo de mala suerte e inconvenientes”
En cuanto a la polémica sobre los cascos de la Unidad de Tráfico de la Policía Local, el portavoz del Ejecutivo critica el hecho de que “curiosamente” UGT denuncia el caso la semana después de que se hayan tomado medidas a todos los policías para los nuevos cascos, aludiendo a que quizás tengan algún interés en apuntarse un tanto cuando lleguen los cascos nuevos diciendo que ha sido gracias a su gestión o a que “le han puesto las pilas al consejero”.
Asimismo, explicó que la situación se ha debido a un cúmulo de mala suerte e inconvenientes: “se adjudicaron a una empresa y al llegar, alguien en la policía dijo que eran los cascos, y cuando fueron comprobados, no cumplían los requisitos”. Así las cosas, se anuló el decreto de adjudicación y se hizo un segundo decreto adjudicando a una segunda empresa ceutí.
La ciudad no se plantea de momento acciones judiciales contra la primera empresa adjudicataria, salvo que así lo recomienden los servicios jurídicos